Aviso legal

Subasteo es un servicio informativo. Recoge subastas judiciales publicadas en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y las presenta de forma que se puedan buscar, filtrar y comparar.

Subasteo no organiza subastas, no interviene en ellas, no representa a ninguna de las partes y no recibe ni gestiona pujas. No es un intermediario, ni una agencia inmobiliaria, ni un despacho profesional. Para participar en una subasta hay que hacerlo en el portal oficial del BOE, con los requisitos y plazos que allí se establecen.

La información procede de fuentes públicas, principalmente el Portal de Subastas del BOE. La recogemos de forma automatizada y la transformamos: interpretamos textos, separamos importes, clasificamos tipos de bien y, cuando podemos, deducimos una ubicación aproximada a partir de la dirección publicada.

Cada uno de esos pasos puede introducir errores. Un importe puede leerse mal, un bien puede quedar clasificado en la categoría equivocada, una ubicación puede señalar un punto que no es el del inmueble, y un dato puede haber cambiado en el BOE después de que nosotros lo guardáramos. Tampoco garantizamos que la información esté completa ni actualizada en todo momento.

La fuente oficial es siempre el BOE, y es la única que prevalece en caso de discrepancia con lo que aparezca en esta web.

Antes de tomar cualquier decisión —y desde luego antes de pujar, depositar dinero o asumir cualquier compromiso— es tu responsabilidad comprobar todos los datos en las fuentes oficiales: el propio expediente en el Portal de Subastas del BOE, el Registro de la Propiedad, el Catastro y cuanta documentación publique el órgano gestor.

Esto incluye, sin carácter limitativo: la identificación y la situación física y jurídica del bien, las cargas, gravámenes y afecciones que subsistan, la situación posesoria u ocupacional, el estado de conservación, las deudas pendientes con la comunidad de propietarios, los importes, los plazos, el depósito exigido y las condiciones particulares de cada subasta.

Nada de lo publicado en Subasteo constituye asesoramiento jurídico, financiero, fiscal, inmobiliario, de inversión ni profesional de ningún otro tipo, ni una recomendación, oferta o invitación a adquirir o pujar por ningún bien.

Las descripciones, clasificaciones, cálculos, comparativas y cualquier indicador que puedas ver son herramientas de orientación generadas automáticamente, no valoraciones profesionales. Participar en una subasta judicial tiene consecuencias jurídicas y económicas relevantes: consulta a un abogado y, en su caso, a un asesor fiscal antes de actuar.

Subasteo ofrece su contenido «tal cual», sin garantía de exactitud, integridad, actualidad o adecuación a ninguna finalidad concreta.

En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, Subasteo y sus titulares no responden de los daños o perjuicios de cualquier naturaleza —incluidos el lucro cesante, la pérdida de oportunidad o el daño emergente— que puedan derivarse del uso de esta web, de errores, omisiones, inexactitudes o interpretaciones erróneas de la información publicada, de su falta de actualización, o de decisiones tomadas a partir de ella.

Tampoco se garantiza la disponibilidad ininterrumpida del servicio ni la ausencia de fallos técnicos.

Esta web enlaza a recursos externos, entre ellos el Portal de Subastas del BOE, y muestra cartografía procedente del Instituto Geográfico Nacional. Subasteo no controla esos contenidos ni responde de ellos. La cartografía se incluye a título orientativo y no delimita fincas ni acredita su ubicación exacta.

La información de origen público mantiene el régimen jurídico que le corresponda conforme a la normativa sobre reutilización de la información del sector público. La selección, estructura, presentación y el software de esta web son titularidad de Subasteo.

Este aviso puede modificarse en cualquier momento para reflejar cambios en el servicio o en la normativa aplicable. La versión vigente es la publicada en esta página.

Este aviso se rige por la legislación española. Para cualquier controversia, las partes se someten a los juzgados y tribunales que resulten competentes conforme a derecho.